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El S.O.S de los Centros de Adicción en la Provincia

Los centros que atienden adicciones están desatendidos, aseguran los gremios. Dicen que no tienen ni papel higiénico. Desde Salud sostienen que se hacen obras y minimizan los inconvenientes.

ANDRÉS SCARSI, Ministro de Salud de la Provincia, junto a la gobernadora María Eugenia Vidal.

Creados en los años 90 para el abordaje de las problemáticas vinculadas a la drogodependencia, los Centros Provinciales de Atención a las Adicciones (CPA) emergieron como un recurso del Estado para hacer frente a este flagelo, mientras crecía el accionar de los grupos que trafican con drogas y vidas humanas.

“La evaluación de los CPA es muy positiva, porque son un recurso al alcance de la población”, aseguraron desde el ámbito gremial. Aunque se apuraron a lanzar dardos hacia la gestión de los mismos. “Se perdieron muchos, y los 79 que aún siguen en pie funcionan porque los laburantes ponemos el hombro. Hasta el papel higiénico tenemos que comprar de nuestro bolsillo en algunas ocasiones”, señalaron.

Los trabajadores indicaron que otro de los inconvenientes surge al cambiar de sede, muchas veces porque no se renuevan contratos, o se mudan por otros problemas. “Ahí perdemos contacto con muchos pacientes, que son mayoritariamente de atención ambulatoria. Dejan de venir y no tenemos cómo ir a buscarlos uno por uno”, dijeron.

Esta última situación pretenden subsanar los funcionarios del área de Salud Mental y Adicciones de la cartera sanitaria bonaerense, en un intento por contener a personas sin internación, de presencia voluntaria en los CPA o los Centros de Día (dispositivos donde los pacientes pasan buena parte de la jornada, aunque no como internos).

“Para eso les dimos conectividad e informatización a todas las regiones sanitarias, para que vayan cargando toda la información sobre la gente que acude a esos dispositivos. Sucede que a veces, a una persona se la da de alta en una comunidad terapéutica y luego se le pierde el rastro”, informaron desde el área de Salud provincial.

Claro que el de la “fidelización de pacientes” (término usado en el marketing) no es el único tema que preocupa a trabajadores y profesionales de los centros de atención. Por el contrario, la escasez de personal, la discriminación entre quienes realizan la carrera hospitalaria y quienes no, o la falta de insumos para cumplir con una tarea tan sensible como la de acompañar el proceso de recuperación de adictos, están en la mesa de los reproches.

En cuanto a la equiparación de carreras, los trabajadores señalan que existe una evidente discriminación y una situación de desigualdad, que la sufren quienes no realizan su derrotero dentro de la currícula hospitalaria.

Una semana atrás, ediles del municipio de Rivadavia, gobernado por el oficialista Javier Reynoso, denunciaron el “vaciamiento” del CPA ubicado en la localidad de América, y solicitan la designación de profesionales.

Una situación similar se reproduce en Tandil, donde organizaciones sociales reclamaron por lo que consideraron un CPA “desgastado”.

A nivel mediático, Mar del Plata estuvo en el centro de la escena por el reclamo de sus trabajadores. “Si no tenemos herramientas para trabajar, no podemos garantizar el derecho de los pacientes, y bajo esa sentencia actuamos”, afirmaron desde ATE Mar del Plata. El gremio llevó adelante varias jornadas de protesta, ante lo que consideran una situación insostenible.

Sin embargo confían en un nuevo actor: el Órgano de Revisión de la ley de Salud Mental, que realiza informes contundentes sobre el sistema, que en las actuales condiciones -aseveran- no garantiza el acceso a la salud para buena parte de la población.

Se trata de una herramienta importante -explican los gremios-, porque monitorean la aplicación de la ley. A pesar de estar dentro de la Defensoría del Pueblo, su accionar es independiente del Gobierno. (La Tecla)

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