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Cuerpos invisibilizados

Por Lautaro Peñaflor Zangara

La Cámara de Diputados sancionó la semana pasada la llamada “Ley de talles”, que establece un “Sistema único de normalización de identificación de talles de indumentaria” (SUNITI), a través del cual se busca “estandarizar las medidas corporales” de las personas de Argentina.

La misma, ordena la realización de un relevamiento de datos biométricos de la población nacional, para así obtener información certera de nuestros cuerpos y su actualización cada diez años. El objetivo es que sean utilizados para la fabricación, confección, comercialización o importación de indumentaria para la población mayor de 12 años.

Esta ley es una demanda de diferentes colectivos desde hace décadas. Contar con parámetros antropométricos obtenidos de los datos de los argentinos será beneficioso a la hora de enfrentar la, muchas veces traumática, tarea de elegir cómo vestirse.

Ahora bien, ¿es suficiente una ley de talles para el abordaje de la diversidad corporal?

En dos sentidos podríamos decir que no. Yendo al primero, cuando una ley es aprobada, su camino recién comienza. Aunque puede ser una herramienta valiosa, necesita de su reglamentación y presupuesto para volverse operativa y también de instancias de control para que no se transforme en letra muerta, más aun considerando que las empresas son piezas duras de roer cuando de inversión se trata.

En el segundo, una ley de estas características atiende a una arista: los cuerpos gordos como consumidores, que es válido atender, pues son muchos los sectores que reclaman poder acceder a indumentaria de todos los talles según los criterios de la moda, pero que deja muchos otros aspectos afuera y varios interrogantes.

En los fundamentos de la ley se hace referencia a la “normalización” y “estandarización” de los cuerpos. ¿Es “volver normal” la manera de avanzar en esta materia? ¿No es la premisa que las normas y los estándares son los que excluyen?

Esta ley debe coexistir en un plexo normativo que incluye otras que pueden resultar contradictorias. Algunas de ellas califican a la obesidad como una enfermedad, a la que los Estados Nación terminantemente “le declararon la guerra” a partir de los años 90. Es lo que los expertos llaman “patologización”: los cuerpos gordos, sin excepción, son erróneos, están enfermos y deben ser tutelados e intervenidos.

En esa misma época tuvo su mayor crecimiento la industria del adelgazamiento: dietas, productos y tratamientos cuyos efectos están discutidos y hasta probadamente desmentidos, pero que facturan millones. En Argentina, su principal referente es Cormillot. En estos planteos aspiracionales y excluyentes la violencia es manifiesta.

Si la ley de talles parte desde la aceptación de las diferencias como parte de una realidad ineludible, no equívoca, con la que tenemos que aprender a vincularnos, “la guerra contra la obesidad” considera a las existencias gordas como indeseables, inferiores e incapaces, silenciándolas e inhabilitándolas.

Es, precisamente, aparecer como sujeto político con voces y con existencias visibles el reclamo del activismo gordo. En un sistema en el que primero consumo y luego existo, debemos cuidar especialmente que la mercantilización de un sujeto excluido -en este caso, por medio de la indumentaria- no perpetúe el lugar de silencio anterior, complejizando la trama de aceptados y excluidos.

Sin desconocer los avances que puede significar una Ley Nacional de Talles, para que exista una real transformación social resta discutir la ficción del “cuerpo normal” o saludable. También advertir los intereses comerciales de quienes lucran con la industria del adelgazamiento, repensar el sistema paternalista sobre los cuerpos y, sobre todo, remarcar que la diversidad corporal nunca implica una enfermedad en sí misma. (Artículo de opinión para Cambio 2000).

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