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Crímenes de odio en Argentina: más que casos aislados

Por Lautaro Peñaflor Zangara

Según un informe del Observatorio de Crímenes de Odio de la Defensoría del Pueblo de Buenos Aires en conjunto con la Federación Argentina LGBT, durante el año pasado hubo en Argentina 147 crímenes relacionados con la identidad sexual. Es decir, uno cada menos de 60 horas aproximadamente.

El dato se vuelve más significativo aun considerando que, para el relevamiento, se tuvieron en cuenta los casos que tuvieron difusión en medios de comunicación y los denunciados ante los organismos intervinientes, dejando afuera gran cantidad de hechos que no fueron alcanzados por los universos analizados.

De estos hechos, 67 terminaron en muerte. Entre ellos, 43 víctimas fueron mujeres trans, muchas de ellas habiendo sufrido el abandono por parte del Estado en aspectos básicos como la salud o la seguridad; 11 fueron asesinatos y 7 fueron casos de suicidio.

En este último sentido, el relevamiento tiene sus límites, al no tener -en la mayoría de los casos- cobertura mediática, al así sugerirse desde los códigos de ética y los manuales de buenas prácticas. De esta manera, sólo se pudieron analizar los casos en los que las familias denunciaron ante los organismos. Aun así, la cifra creció. Pero es un punto al que debe prestársele atención: es alarmante que la opresión y la discriminación llegue a esos extremos.

Por último, 80 casos no terminaron en muerte. Respecto a las edades, casi el 40% de los casos corresponden a la franja de entre 20 y 29 años. En este sentido, la mayor cantidad de víctimas fueron mujeres trans. Cabe recordar, en tal sentido, que su expectativa de vida continúa fluctuando entre los 35 y los 40 años, según la fuente.

En contraposición, no se reconocen medidas de acción positiva por parte de los distintos niveles del Estado que impacten en la calidad de vida de las personas trans. Denuncian ser arrojadas a la marginalidad de manera permanente.

No existen avances respecto a la reglamentación del cupo laboral trans. Tampoco acceden, en su mayoría, a instancias educativas. En las instituciones de salud no hay protocolos de actuación específicos para personas trans, como tampoco hay en fuerzas de seguridad, siendo que las detenciones para ellas son muy frecuentes. Duermen en los despachos proyectos como la posibilidad de una “reparación histórica” para personas trans que, por las condiciones de vida a la que estuvieron sometidas, nunca accedieron a un empleo formal ni cuentan con aportes jubilatorios.

Si el abandono y la marginalidad provienen de las dependencias de quien debiera protegerles, no resulta ilógico pensar que los particulares pueden sentirse habilitados para disponer de manera violenta de sus cuerpos e identidades: el 41% de los hechos relevados sucedieron en la vía pública.

Resulta cada vez más evidente que el cambio debe ser cultural y centrarse en las generaciones más pequeñas. Un buen insumo para ello es la ESI. Según el Operativo Aprender del año pasado, si bien se enseña educación sexual en las escuelas, hay ciertos temas que los y las alumnas consideran que no se tocan. No es menor que hayan considerado relegados tópicos como la prevención de abusos y las nuevas formas de masculinidad y femineidad, según los resultados oficiales.

Es ineludible pensar que los crímenes de odio son el último escalón de una cadena de violencias, opresiones y discriminaciones que acompañan a estos sectores vulnerables durante toda su existencia. No son casos aislados, sino un fenómeno de origen histórico que reconoce causas y consecuencias. Pensarlos en esta perspectiva, para deconstruirlos, es esencial para lograr humanidad y dignidad para estos colectivos. (Especial para Cambio 2000)

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