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Créditos UVA: avanza proyecto en el Senado y analizan un tope al aumentos de cuotas

Se resolvió dar luz verde a varios de los puntos establecidos por la ley, pero no hubo acuerdos sobre el principal de ellos: prohibir que la cuota afecte a más del 30% de los ingresos familiares de los deudores. Aun así, continuarán analizando el tema.

REUNIÓN EN COMISIÓN. Senadores y representantes del Banco Provincia buscan paliar la situación de los «hipotecados UVA».

La Plata (DIB).- El Senado bonaerense avanzó en una serie de acuerdos en torno a un proyecto que busca paliar la situación de los deudores de créditos UVA, y ahora el Banco Provincia analizará la posibilidad de ponerle un tope al aumento de las cuotas  que otorga la entidad, limitando su valor a un porcentaje fijo del sueldo del deudor.

Así se acordó hoy durante una reunión de la comisión de Legislación General del Senado de la que participó Diego Rodrigo, uno de los directores de la entidad crediticia. Allí se debatió un proyecto de la oposición para aliviar la situación de los deudores de créditos UVA de la provincia, eje de duras polémicas entre Unidad Ciudadana y Cambiemos en las últimas sesiones.

Fuentes parlamentarias dijeron que, en principio, en el encuentro se resolvió dar luz verde a varios de los puntos establecidos por la ley, pero no hubo acuerdos sobre el principal de ellos: prohibir que la cuota afecte a más del 30% de los ingresos familiares de los deudores.

Esta cláusula funcionaría como una suerte de tope al aumento de las cuotas, ya que en los hechos la limitaría a las subas salariales, en los casos de quienes ya se les represente un 30% de su sueldo. Incluso podría significar una baja para quienes ya se encuentren por encima de esa relación.

Rodrigo se comprometió a analizar este punto con el resto del directorio para analizar su factibilidad técnica y financiera, ya que podría significar una acumulación del capital adeudado y, en consecuencia, un aumento en la cantidad de años para saldarlo.

Más allá de este punto, las partes consensuaron avanzar con varios de los beneficios incorporados al proyecto de ley, como la suspensión de las ejecuciones hipotecarias y del cobro de intereses por mora (en ambos casos, según la entidad, los casos en los que se llega a esta situación son marginales), la posibilidad de que los deudores UVA que cumplan con los requisitos necesarios puedan pasarse a la modalidad de préstamo hipotecario tradicional.

De aprobarse, estos beneficios alcanzarán solo a los clientes del Banco Provincia. Pero también se facultará al Ejecutivo a acordar medidas similares con otras entidades financieras de la provincia.

Tras la reunión, el senador Susbielles aseguró que «estamos dando un primer paso para proteger a las familias deudoras de créditos UVA. Las autoridades del Bapro fueron receptivas con nuestro proyecto y por eso creemos que es posible llegar a un acuerdo que le devuelva la tranquilidad a las familias».

«Nosotros creemos que es importante avanzar con pasos concretos que les permitan a las familias tener una perspectiva mejor respecto de su capacidad de pago y salir de la incertidumbre. Acá nadie está hablando de no pagar», manifestó el senador.

Durante la última sesión de la cámara alta, el cuerpo acordó tratar el proyecto cuando cuente con el aval de las comisiones de Legislación General y de Presupuesto, que mantendrán el jueves una reunión conjunta. Sin embargo, el análisis del Bapro podría demorar el trámite.

Panorama complicado

La situación de los deudores UVA es complicada, ya que sufrieron aumentos de cuotas y capital que en algunos casos superan holgadamente el 100% desde 2016.

Según los cálculos de la agrupación «Hipotecados UVA provincia de Buenos Aires», quien tomó un crédito en 2016, el primer año de su lanzamiento, sufrió un aumento cercano al 130%. En tanto, quienes llevan 15 meses pagando vieron incrementadas las cuotas por encima del 50%. Solo en los primeros tres meses de este año, en tanto, un crédito cuyo monto original fue de $ 1.082.000 aumentó $ 136.599. En ese período se pagaron tres cuotas por un total de $ 31.800.

Frente a este panorama, las familias advierten que la presión de los créditos comienza a desplazar otras prioridades: algunos dejan de pagar las tasas e impuestos, otros apelan al pago mínimo de la tarjeta de crédito, e incluso algunos retrasan al límite el pago de servicios.

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