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Por Lautaro Peñaflor Zangara
Con el lanzamiento de la tarjeta Alimentar se consolidó uno de los puntos basales del programa “Argentina contra el hambre”, que concentró la atención del gobierno desde sus primeros momentos. Está presentado “como una política transversal con una prioridad: acabar con el hambre”.
La tarjeta es un instrumento destinado a madres y padres con hijos e hijas de hasta 6 años de edad que reciben la Asignación Universal por Hijo (AUH). Quienes la disponen, sólo pueden comprar con ella alimentos, exceptuando bebidas alcohólicas.
En tal sentido, corresponde preguntarnos si se trata de la mejor herramienta para ello y si su aplicación fue la adecuada. La primera cuestión es por qué la impresión de una nueva línea de tarjetas, cuando ya existe otra para ese mismo universo de destinatarios.
Atendiendo la urgencia en la materia, ¿por qué generar la demora en la logística al crearlas y distribuirlas desde cero? Se percibe como un retroceso operativo y como erogaciones, probablemente, innecesarias. Incluso, la implementación del programa cruza datos con ANSeS.
Este organismo generó una plataforma de Estado instalada en la población, despersonalizada, porque no depende de punteros o funcionarios y que, a su vez, brinda beneficios de protección social.
Un camino posible hubiese sido el fortalecimiento de la Asignación Universal: una política elogiada y con buenos indicadores de resultados, gestada en el gobierno de Cristina Fernández y ampliada durante el mandato de Mauricio Macri.
La idea de una tarjeta distinta sólo para comprar alimentos se basa en el juicio no probado de que las personas en situación de pobreza gestionan mal su dinero y, entonces, necesitamos decirles qué comprar. Reorientar consumos esconde una falacia, al sólo hacerlo respecto a las personas que menos recursos tienen.
Si Alimentar es un plan de emergencia, ¿qué pasará luego? Volveremos a la situación anterior. Si buscamos conciencia, el camino es otro e implica cuestionamientos que este plan no aproxima.
La política está pensada desde los prejuicios de quienes no son sus beneficiarios. Por un lado, implica “no darle plata a quienes cobran la AUH” -un temor infundado de un sector de la población, por el aparente riesgo de que “se la gasten en otra cosa”- y por otro lado, tampoco cae en “dar cajas de comida”, metodología rechazada por otros sectores. Condensa así un punto intermedio que queda bien con todos y con nadie al mismo tiempo.
Los prejuicios forman parte de la idea cultural de “el pobre” que debemos desterrar, máxime, a la hora de diseñar políticas públicas: “Vamos hacia una generación de chicos obesos y petisos”, dijo el Ministro de Desarrollo Social de la Nación. No se trata de otorgar un certificado de pobreza y confiar en que todos los problemas estarán solucionados.
Qué comemos es una pregunta más abierta, no destinada únicamente a la población en situación de pobreza. Es transversal y corresponde indagar qué poderes y qué intereses hay detrás del negocio de la “nutrición”.
El programa, por el momento, sólo está orientado a supermercados que no sólo son parte del proceso de formación de precios, sino que también ofrecen únicamente productos industrializados y ultraprocesados. Los circuitos alternativos, como ferias de vínculo directo productor-consumidor, o los trabajadores de la tierra quedan para un “más adelante” que no sabemos si llegará.
Respondemos las preguntas desde el mismo costado de siempre, sin evaluar mayormente el aspecto de la oferta: qué alimentos están disponibles, cuáles son baratos, cuáles caros y por qué esos precios.
La vulnerabilidad social, en todas sus variantes, no se supera con la universalización de expresiones de consumo. Y esta arista quedó afuera a la hora de plantear la tarjeta Alimentar. (Artículo de opinión de Lautaro Peñaflor para CAMBIO 2000)
